Proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos

El Pilar II de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa de las Naciones Unidas creó un Proceso de Debida Diligencia que debe ser implementado por TODAS las empresas, independientemente de su tamaño, ubicación geográfica y sector económico, con el fin de asegurar que estén gestionando adecuadamente sus riesgos de impactos adversos a derechos humanos.

Este proceso ha sido incluido también por las Líneas Directrices y Guías de la OCDE y por un creciente número de países que lo están incluyendo como obligatorio mediante regulación, tales como Alemania, Francia y próximamente, toda la Unión Europea. 

En los próximos años y a corto plazo, es previsible que muchos países del mundo incluyan la obligatoriedad legal para las empresas de llevar a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos.

Estas leyes y estándares incluyen la obligación para las empresas de gestionar no solo los riesgos a derechos de sus propias operaciones, sino también los de toda su cadena de valor, generando un enorme reto para las compañías que cuentan con cadenas de suministro en regiones como América Latina y que incluyen un número importante de Pymes. Por tanto, cada vez más las empresas compradoras exigirán que todos sus proveedores e integrantes de cadena de valor, incluyendo las Pymes, demuestren respeto a los derechos humanos según estándares internacionales, incluyendo reporte de cómo adelantan sus procesos de debida diligencia. 

Es por esto que en HumaneBiz queremos apoyar a todas las Pymes, incluyendo aquellas ubicadas en regiones como América Latina, a que puedan cumplir con estas exigencias utilizando apoyo de consultores expertos, demostrando así su respeto a derechos humanos con su adherencia a los más altos estándares internacionales en la materia de Derechos Humanos y Empresa. Solo así podrán continuar siendo competitivas en un mediano y largo plazo en los mercados globales, so pena de ser reemplazadas por proveedores locales que sí cumplan con estas exigencias. Y solo así, se beneficiarán millones de personas en la región, al incrementarse el respeto de derechos humanos por parte de las Pymes, que constituyen cerca del 80% de todas las empresas constituidas en América Latina.