Cada día más, regulaciones nacionales e internacionales están exigiendo que las empresas adelanten estrictos procesos de debida diligencia en derechos humanos no solo evaluando sus propias operaciones, sino también las de su cadena de valor y, en general, de todos sus socios comerciales.

Esto representa un importante reto para las empresas multinacionales, estadounidenses, europeas, y otras empresas grandes ubicadas en el mundo entero, ya que gestionar los riesgos dentro de sus cadenas de valor representa un importante reto. Por tanto, la gestión de las empresas en el mejor de los casos se reduce a identificar los riesgos principales en derechos humanos que existen en su cadena de valor, brindar capacitaciones de gestión del riesgo y remediación a sus proveedores estratégicos, e incluir cláusulas contractuales exigiendo comportamiento acorde a derechos.

Pero, sin embargo, si resulta tan complejo para las grandes empresas implementar sus procesos de debida diligencia en derechos humanos, que requieren de extensas consultorías externas para ello, el reto para una Pyme en regiones como América Latina resulta aún mayor. Con una capacitación de un día, es prácticamente imposible que una empresa de cualquier tamaño implemente un buen proceso de debida diligencia en derechos humanos y emprenda adecuadamente el proceso de gestión de riesgos. Las empresas que no son capaces de implementar estos procesos son muchas veces retiradas como proveedoras, o su gestión puede poner en riesgo a la empresa compradora por riesgos asociados de cadena de valor y a su propia existencia, para no mencionar los graves impactos adversos a derechos humanos que pueden ocasionarse a sus grupos de interés.